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“El derecho a una educación de calidad debe ser una garantía constitucional”


8/08/2011

En una nueva sesión de la Comisión Interestamental de la Universidad de Playa Ancha el abogado Sebastián Cox Urrejola hizo un completo análisis sobre las obligaciones fundamentales de los estados de derecho para respetar, promover, proteger y garantizar los Derechos Humanos (DDHH) de las personas. Dichas afirmaciones se enmarcaron en normativas ratificadas por nuestro país a través de tratados nacionales e internacionales.

El académico, que desarrolla la cátedra de Derechos Humanos en la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la UPLA, explicó que los principios, valores y normas que consagran a los DDHH constituyen hoy por hoy la mejor respuesta, camino o búsqueda para que se pueda dar una convivencia en paz.

Trabajo en el aula

El jurista recordó el último trabajo realizado, el 5 de mayo, con los alumnos de la UPLA el cual consistió en el levantamiento de información sobre los derechos que el Estado chileno no está cumpliendo.

En aquel entonces, narra Cox, los estudiantes hablaron del derecho a la educación, a la asociación, a la participación; garantías que el Estado de Chile y sus distintos poderes deben entregar a la ciudadanía y a sus organizaciones para el cumplimiento, respeto, promoción y protección de esos y otros derechos.

Con este panorama se abocaron a constatar en fuentes legales nacionales e internacionales que se decía con respecto a estos derechos.

En el inciso 2 del artículo 5 de la Constitución Política de Chile de 1980 se plantea que: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

En tanto, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ratificado por el Estado de Chile dice que “los estados partes reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; entre otros numerales”.

Leyes v/s realidad

Con este trabajo, que quedó inconcluso, los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía de la UPLA identificaron preliminarmente como el derecho a la educación, y sus particularidades, está reconocido y es obligatorio.

En el escenario actual “se puede reconocer en la propuesta de los 21 puntos que entregó el Ministerio de Educación el lunes a los estudiantes, otros DDHH en los cuales trabajar, el primero de ellos dice relación con incorporar como garantía constitucional el derecho a una educación de calidad estableciendo el deber del Estado de velar por el mismo.

“No tienen más que copiar lo que el Estado chileno ya ratificó en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero hay que incorporar el derecho a la asociación, a la organización, a la participación, a la interculturalidad y trabajar para el conocimiento, el cumplimiento, y la exigibilidad de esas normas”, recalcó el académico.

Sin embargo, fue enfático en decir que si bien la Constitución Política (artículo 19) reconoce todos los derechos, cuándo se trata de garantizarlos hay solo dos recursos para ser presentados por vía judicial: el recurso de amparo y el de protección.

De acuerdo a esto, “se han presentado recursos de protección para alegar por la accesibilidad, por la gratuidad o por la calidad de la educación, en esos casos la Corte Suprema ha negado ese recurso, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que todos los derechos que están en el PIDESC –ratificado por Chile- son obligatorios para los estados y que bajo ningún pretexto pueden no cumplirlos y respetarlos”, explicó el abogado.

Temas pendientes

Hay otras normativas en las que se ha avanzado a nivel internacional como son las defensorías del pueblo o ombudsman que tienen por objeto velar por el cumplimiento, respeto y promoción de las garantías de los DDHH. Sin embargo, Chile se ha mantenido al margen pese a que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas recomienda a nuestro Estado garantizar la existencia de un marco jurídico e institucional eficaz para la promoción y protección de todos los derechos enunciados en el Pacto.

Asimismo, alienta al estado parte a que lleve adelante sus planes de establecer una institución nacional de DDHH independiente, de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los DDHH (Principios de París), con el mandato de promover y proteger todos los DDHH, comprendidos los derechos económicos, sociales y culturales (en este último entiéndase educación, asociación, participación).

“En este sentido, la universidad debe proponer a la sociedad esta base valórica, ética, jurídica e institucional, que es fundamental para el verdadero progreso y desarrollo en dignidad y reconocimiento de los seres humanos”, concluyó Sebastián Cox Urrejola.

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